La ley 26736 fue aprobada en diciembre de 2011, como parte del llamado “paquete de leyes”, por los senadores del Frente para la Victoria y aliados, pese a los votos negativos de la UCR, el PJ disidente y el Frente Amplio Progresista. Esta medida, en su artículo 20, fija un precio único para todos los compradores del papel de diario, y justamente éste es el artículo que Clarín y La Nación quisieron suspender. Sus argumentos, presentados en la causa 34/2012 llamada “Aguirre Saravia Saúl y otros s/medida cautelar”, fueron que Papel Prensa S.A. iría a quiebra debido a que la ley no permite cubrir los costos operativos.
Según denuncias efectuadas por la Secretaría de Comercio Interior, (Fuente: mercadoytransparencia.org) a cargo del licenciado Guillermo Moreno, algunos jueces de feria estarían vinculados a las partes privadas de la empresa, como por ejemplo el doctor Fernando Durao quien tiene 17 denuncias por irregularidades. Esa fue seguramente la jugada con la que intentaron evitar que el tema recaiga sobre sus jueces naturales. Pero el expediente cayó en el juzgado de feria a cargo de la doctora María Cristina O´Reilly, quien señaló el miércoles 11 de enero que tal como lo plantean los artículos 1 y 3 de la ley, se trata de un asunto de interés público y no privado; y que además, el artículo 10 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación es la autoridad de aplicación competente. Por último sentenció, en base al artículo 30, que una vez agotada la vía administrativa procederá el recurso ante la Cámara Federal de Aplicaciones con competencia en lo contenciosos administrativo. Al día viernes 12, La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1440154-papel-prensa-sa-recuso-a-la-jueza) publica la noticia en forma inversa, planteando que Papel Prensa S.A. recusó a la jueza O'Reilly acusándola de "prejuzgar al habilitar la feria de enero a pedido de Moreno", y planteando que es el Gobierno Nacional quien incumplió. Clarín por otro lado, prefirió la estrategia de no hacer olas, ya que "la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa", como dice su propio slogan.
Papel Prensa: la verdad y la mentira
El 22 de diciembre se aprobó la Ley de Papel Prensa, en el marco de la lucha por la democratización de la información, que a partir de la sanción de la Ley de Medios dio un vuelco a favor de los pueblos en detrimento de los monopolios. Tiempo atrás, Clarín y La Nación lanzaron una solicitada pública en que afirmaban que mediante esta ley el Gobierno Nacional intentaba “apoderarse” de la empresa productora de papel diario y reconocía que “quien controla el papel, controla la información”. Lo curioso es que Papel Prensa era hasta ahora controlada sólo por ellos. En respuesta a la burda intención corporativa, Eduardo Gallo, representante del Estado en Papel Prensa desde el 2009, esgrimió: “Debe quedar claro que, a diferencia del relato que pretenden imponer, la ley no busca controlar la producción y distribución del papel para diarios, sino todo lo contrario: se intenta democratizar y dar igualdad de oportunidades a todos los medios gráficos del país en el acceso de este insumo fundamental para la difusión de las ideas”.
Federalismo y soberanía
La ley de papel de diarios es un gran avance no sólo en lo que respecta a la libertad de prensa, sino que también es un paso al frente en la construcción de soberanía nacional, garantizando a los diarios locales el abastecimiento en igualdad de condiciones con los grandes medios nacionales y sin depender de empresas extrajeras productoras del insumo. Así lo podemos ver en los artículos 40 y 41, que fijan que el Estado deberá garantizar el abastecimiento de papel al mercado interno, a partir de las inversiones necesarias que aumenten la producción y cubra el déficit, que hasta ahora debía importarse.
Al respecto, Jorge Déboli, Presidente de Dypra (cooperativa de Diarios y Periódicos Regionales) opinó que gracias a esto, “los diarios locales pueden tener más espacio para generar sus propios contenidos (sobre todo las noticias nacionales e internacionales), y no relegarlos a los grandes medios y cadenas informativas de la Ciudad de Buenos Aires, independizándonos de la agenda que ellos instalan”. Es importante tener en cuenta a su vez, que en el caso de que el Estado Nacional suba su inversión, los derechos políticos (acciones clase A) que de ese aumento surjan, los cederá a los diarios no accionistas a través de la Comisión Federal Asesora integrada entre otros, por un editor de diarios por cada provincia, que es elegido por sus propios colegas.
Papel Prensa S.A. produce actualmente 175 mil toneladas de papel que se reparten inequitativamente entre 440 diarios y se importan otras 50 mil toneladas, a un precio mayor, para satisfacer el consumo interno. A partir de la promulgación de la ley, la empresa Papel Prensa estará obligada a operar al máximo de su capacidad, ejecutar un plan de inversiones cada tres años, y a proveer papel a todos los diarios del país que así lo requieran.
La causa y la historia
En la década del 60 la industria papelera cobró un fuerte impulso, aunque su punto flaco era la producción de celulosa, materia prima del papel de diario. La mayor parte del mismo se importaba, lo cual generaba grandes costos a las empresas del sector, que presionaron al dictador Juan Carlos Onganía para que dé impulso a la industria local de papel con fondos aportados de retenciones impositivas de la importación. Recién en 1972, bajo la dictadura de Lanusse, se aprobó a la -llamativamente- única empresa que se presentó en licitación pública: Papel Prensa S.A. En 1973, luego de la asunción de Cámpora algunos miembros del directorio de la empresa vendieron sus acciones a testaferros de David Graiver, quien luego se incorporaría con nuevos capitales, duplicando el alcanzado hasta el momento. Pese a esto, el precio internacional del papel puso en jaque a la empresa, que venía ya con serias complicaciones económicas. En esta circunstancia es que, años después, la dictadura comandada por Videla, bajo el argumento de que Graiver estaba vinculado a los Montoneros, y con el agravante de ser judío, aplicó fuertes presiones a la familia, incluyendo la desaparición forzada y torturas físicas y psicológicas, luego de las cuales debieron vender, (o prácticamente regalar) la empresa a los tres diarios que ya estaba agrupados en Fapel SA.
Sus dueños (Héctor Magnetto y Ernestina de Noble por Clarín; Bartolomé Mitre de La Nación; y los Peralta Ramos por La Razón) junto a otros representantes de dichos diarios, y miembros de la cúpula militar que participaron del golpe del 76 deberán ir a declarar. Esto ocurre 35 Años después, por la causa referente a la apropiación ilegal de Papel Prensa SA, que impulsaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. A la causa, se aportaron documentos desclasificados por los EE UU que ratifican que la empresa fue monopolizada por la dictadura para asfixiar a la competencia. Más claro, agua.
